Desafíos y límites del sindicalismo frente a la posconvertibilidad

El crecimiento económico de la última década incluyó creación de empleo y nuevas protecciones laborales, pero en un mercado de trabajo que ya era otro, uno mucho más heterogéneo y en un capitalismo altamente concentrado y extranjerizado. Así, entre empleadores que buscan eludir obligaciones y sindicatos que no saben cómo representar más allá del carnet de afiliación, un tercio de los trabajadores argentinos permanece en los márgenes y a la defensiva.
En la última década, muchas veces definida como postconvertibilidad, un proceso de desarrollo económico e industrial comenzó a revertir la prominente desindustrialización que dominó la década anterior y cuyo origen data de mediados de los años 70. Todas las fuentes de información disponibles indican un crecimiento del empleo industrial después de la devaluación de 2002. En el mismo sentido, un trabajo del CIFRA (2010) señala que el nuevo patrón de crecimiento adoptado en la postconvertibilidad posibilitó que los sectores productores de bienes traccionaran el crecimiento del conjunto de la economía, a la vez que se asistió a una sensible recuperación de la producción manufacturera.

El proceso de desarrollo económico trajo aparejado un significativo crecimiento del empleo en todos los sectores de la economía, creándose más de cuatro millones de puestos de trabajo. Así, en caso de la industria manufacturera el empleo creció un 54% entre 2002 y 2010 (CIFRA, 2011). Directamente asociado al crecimiento del empleo, se produjo el retorno de la conflictividad a los lugares de trabajo, el aumento de la afiliación sindical y el desarrollo sistemático de la negociación colectiva; junto a un proceso paulatino de desarme de la legislación desprotectora del trabajo que se desplegó en la década anterior y la laborización de ámbitos desprotegidos (régimen de trabajo agrario, ley para el personal de casas particulares).

Buena parte del crecimiento industrial se concentró en zonas del AMBA. Un ejemplo significativo es el del partido de General San Martin, en donde se genera el 2% de la fuerza industrial del país, el 5% del PBI nacional y, se estima, el 12% del producto bruto bonaerense. Según el Censo Industrial de 2005, la ocupación en el sector creció alrededor del 35% entre el 2003 y 2005, duplicando al registrado a nivel nacional, proceso que fue acompañado con un crecimiento del 15% en la cantidad de locales industriales y por el incremento en el promedio de ocupados por local, que entre el 2003 y 2005, pasó de 16,5 a 19 ocupados (Gutierrez Cabello, 2005).Todos estos datos dan cuenta de un proceso de crecimiento económico portador de un carácter industrial relevante. Ahora bien, esa reconstitución adquiere una morfología y lógica interna distributiva signada por una enorme heterogeneidad empresarial a lo largo de las tramas productivas. Puede observarse la coexistencia de núcleos concentrados que conjugan empleo registrado, altos salarios y alta rentabilidad con sectores de muy baja registración laboral y fiscal, bajos salarios y baja rentabilidad.

Esta situación obliga a posar la mirada en la totalidad para comprender las formas en que se despliega, a lo largo de la trama integral, la valorización del capital (Durand, 2011; Barrera y Storti, 2009; Narodowski, 2008; Gómez Iza, 2008). De este modo, el capital requiere como parte de sus estrategias de valorización, tanto de la precarización del trabajo en ciertos momentos del proceso, como la transferencia hacia empresas menores de gran parte de los costos, tanto fiscales como de explotación de la fuerza de trabajo. Estas pequeñas empresas nutren los procesos productivos de las grandes corporaciones a costa de su baja rentabilidad y de la asunción de riegos (fiscales y laborales en general).

La informalidad, el ocultamiento, la precarización y la tercerización funcionan como ajustes en la cadena de valor, comandada por la empresa con mayor poder en detrimento de las de baja rentabilidad. Así, relaciones comerciales y laborales se entremezclan en la trama extendida de la valorización del capital, haciendo necesario comprender las relaciones de poder entre empresas (incluyendo formas de explotación rudimentarias como talleres clandestinos) dentro del encadenamiento productivo, como parte sustancial de la lógica general de la relación capital trabajo.

Durand (2011) llama modelo de centrifugación, al proceso que llevan adelante las grandes empresas que controlan la actividad de las más pequeñas, dado que desplazan de modo creciente hacia el exterior del núcleo las actividades de menor valor agregado, las cuales se corresponden con bajos niveles de innovación así como con los tipos de empleo más desagregados (temporales, parciales, peor remunerados, etc.). Este proceso se amplía extensiva e intensivamente, es decir, se expande en la trama productiva, así como hacia dentro de las propias empresas núcleo que van desplazando crecientemente actividades dentro de cada departamento de la firma.

El mercado de trabajo
Consecuentemente con estos procesos, el despliegue del mercado de trabajo tampoco se recompone de manera homogénea en la última década de crecimiento. La abrupta baja del desempleo que se verificó hasta el año 2008 encontró un piso difícil de perforar a partir de entonces, lo que también se manifestó en la permanencia del trabajo no registrado en torno al 35% de los asalariados (CIFRA 2011).

Al interior de este porcentaje, podemos encontrar una gama compleja de relaciones con el empleo por parte de los trabajadores. El proceso de transformaciones del capitalismo incluye y expande en su bagaje también modalidades de vulnerabilidad del trabajo que trascienden tanto al desempleo como a la informalidad. Los procesos de flexibilización, tercerización y precarización, que en términos formales pueden definirse separadamente, en la realidad del mundo del trabajo se los encuentra profundamente superpuestos conformando muchas veces, unos como eufemismos de los otros.

Originariamente el concepto de flexibilidad se presentaba en el marco de las teorías posfordistas (neoshumpeteriana, regulacionista y de especialización flexible) como una nueva modalidad de movilización de la fuerza de trabajo vinculada a las innovaciones toyotistas de la organización del trabajo, que aparecían como el nuevo paradigma en camino a remplazar al modelo fordista. Ideas como polivalencia, trabajo en equipo, autonomía, movilidad interna, cliente interno, calidad, constituían parte del vocabulario novedoso que provenía de tierras niponas (Coriat, 1992; Novick y Catalano, 1995; Battistini, 2001). La noción de flexibilidad asociada al toyotismo, implicaba así una flexibilidad negociada al interior del proceso productivo.Las políticas de flexibilización dominantes en la Argentina se centraron en la flexibilidad de las condiciones de entrada y salida del empleo, vía baja de costos de despido y habilitación de empleos temporarios. Los argumentos para la aplicación de nuevas políticas laborales sostenían que las rigideces impuestas por la ley a las contrataciones desalentaban el reclutamiento de nueva fuerza de trabajo en los períodos expansivos de la economía, debido al temor de las empresas frente a los ciclos recesivos. Desde esta perspectiva, se atribuyó a las regulaciones la responsabilidad sobre el lento crecimiento del empleo y el aumento en los niveles de desocupación (Perelman, 2001).Flexibilización implicó, entonces, “disminución del costo social laboral, aumento de ganancias, saneamiento de las finanzas del Estado capitalista; y precariedad en las condiciones generales de existencia la fuerza de trabajo” (Estrada Álvarez, 2004). En resumen, el concepto de flexibilidad laboral refiere a un nuevo estado de fuerzas en la relación capital-trabajo que se expresa en una mayor capacidad de explotación del trabajo por parte del capital. En una disponibilidad cada vez mayor de la fuerza de trabajo, y por tanto de la posibilidad de maximización y expropiación de sus capacidades.La acción colectiva y el sindicalismo.
Desde mediados de los años 40, en la Argentina, a diferencia del resto de América y aún de ciertos países del mundo desarrollado, la afiliación y la cobertura sindical han sido altas. Actualmente, y pese al enorme deterioro ocurrido a partir de la implementación de las políticas neoliberales, se estima que la cobertura de trabajadores en convenios colectivos alcanza un 50% del total de asalariados; aunque se destaca la baja representación en los lugares de trabajo (12% de los ámbitos laborales poseen delegados sindicales).

Si bien las organizaciones de los trabajadores vuelven a desempeñar un rol importante en la vida laboral y económica de nuestro país, el esquema heterogéneo de las tramas productivas descriptas interpela las estrategias sindicales tradicionales que cumplen más “eficazmente” su rol frente a los sectores incluidos en el “núcleo” productivo, pero se vuelven altamente ineficaces de cara a los trabajadores más vulnerables que se ubican en los extremos de la cadena. En el marco de esta realidad compleja, las estrategias sindicales tradicionales pueden contribuir a invisibilizar estas problemáticas opacando la necesidad de establecer la disputa con el capital desde una perspectiva omnicomprensiva de la trama, y desde ese punto de vista, actuando funcionalmente a la valorización del capital más concentrado.

El universo de las experiencias laborales de los trabajadores se abre en un abanico ostensiblemente disímil según la posición a lo largo cada proceso. Disímil, tanto en relación a las formas de trabajo a las que acceden y a la explotación a la que son sometidos, como a las formas de expresión colectiva, formales e informales, en que puede articularse una resistencia o, al menos, alguna cobertura legal.

Entre los efectos más drásticos que el modelo de centrifugación (Durand, 2011) impone sobre los trabajadores pueden mencionarse: la reducción salarial, en la medida en que transfiere segmentos de su producción hacia las periferias; la exacerbación de la lógica competitiva por los puestos de trabajo tanto de la empresa ordenante y la contratante, como entre el centro y la periferia; y la exigencia de adaptabilidad de los comportamientos e implicación con el trabajo, lesionando la capacidad de resistencia y acción colectiva de los trabajadores. Diversos estudios locales dan cuenta de la fragmentación que se produce sobre los colectivos de trabajo y la consecuente dificultad de articular acciones comunes tanto en el ámbito privado (Perelman y Vargas, 2013) como en el sector público (Diana Menéndez, 2007, 2011; Adamini, 2014).

En un trabajo ya clásico, Offe y Wiesenthal (1992) señalan las diferencias cualitativas en la estructuración de la acción colectiva del capital y del trabajo: “la lógica de acción colectiva de los relativamente despojados de poder difiere de la de los relativamente poderosos en que la de los primeros lleva implícita una paradoja que está ausente en la de los últimos –la paradoja de que los intereses solo podrán alcanzarse en la medida en que sean parcialmente redefinidos–. Por tanto, las organizaciones en las que tiene lugar la acción colectiva de los relativamente desposeídos de poder deben estar siempre (y de hecho lo están) organizadas de forma tal que expresen y definan simultáneamente los intereses de los miembros”. (Offe y Wiesenthal, 1992: 65). Así, por el carácter dialógico de la acción correspondiente a los trabajadores, las organizaciones sindicales deben en primer lugar definir los intereses de la propia clase.La lógica de la tercerización establece diferenciaciones en el estatus de los trabajadores, fragmentando, e incluso obturando la constitución de colectivos de trabajo. De este modo, ante el nuevo desafío de la fragmentación, la lógica de la representación sobre la homogeneidad de intereses se torna más dificultosa. Muchas de las estrategias gremiales que antaño se desplegaban de manera cuasi mecánica en un tiempo en que los roles, las posibilidades y los límites, estaban bien definidos, se vuelven ahora menos eficaces y más inciertas.

En efecto, la apelación a lo que los trabajadores tienen en común debe ser anterior, o mejor dicho, dar un paso más, no limitarse a las condiciones cotidianas, sino ir en la búsqueda de los fundamentos; dado que en lo cotidiano se expresa lo fragmentario, lo diferente, lo que separa. La fragmentación de los colectivos, potencia el elemento dialógico de la acción sindical. Si en su estado anterior, de condiciones relativamente homogéneas, la definición de los intereses de los trabajadores estaba obstaculizada por su imposibilidad de reducirlos a un denominador común; ante el hecho de la fragmentación, la acción colectiva se enfrenta a una instancia que podríamos definir, de ese punto de vista, como trialógica, dado que se debe agregar el paso de constituir referencias comunes en relación al estatus de los trabajadores diferenciados (por contrato, condiciones de trabajo e incluso por pertenencia a diferentes empleadores).

El primer paso consiste, entonces, en el reconocimiento de la condición de dominados. Ello implica la construcción de interpretaciones colectivas de la realidad que puedan aplicarse a todos los trabajadores, esto es, atacar y desentrañar la realidad compleja y enmarañada de la fragmentación. Lo que incluye –obviamente– considerarlos a todos como iguales, y poner en evidencia lo aparente o secundario de esas contradicciones. Bourdieu expresa esta misma idea al señalar: “la movilización de la clase obrera está ligada a la existencia de un aparato simbólico de producción de instrumentos de percepción y expresión del mundo social y de las luchas laborales, sobre todo porque la clase dominante tiende sin cesar a producir e imponer modelos de percepción y expresión que son desmovilizadores” (Bourdieu 1990: 275).

Así, como señalara Marx, el capitalismo de la gran industria, aglutinando y expropiando técnicamente a los trabajadores, cumplía el efecto de igualar sus intereses y condiciones de existencia; la lógica y el efecto del capitalismo en la época de la acumulación flexible (Harvey, 2004) desiguala condiciones de existencia y fragmenta intereses.

La complejización de las estructuras productivas, atravesadas de punta a punta por los procesos de tercerización, presentan enmarañados panoramas que colocan a los trabajadores y a sus organizaciones colectivas frente al desafío de repensar estrategias y desmarcarse de las divisiones y clasificaciones que el capital impone a los trabajadores. La tercerización establece una superposición de empleadores entre trabajadores de un mismo espacio de trabajo, en ocasiones realizando las mismas tareas; en el extremo de esta situación, podemos encontrar, como ocurre en el caso del subte, a grupos económicos propietarios tanto de las empresas núcleo como de las subcontratadas. Así las cosas, un mismo grupo de trabajadores de una empresa puede encontrarse con diferentes contratos, condiciones de trabajo, convenios colectivos, sindicatos y empleadores. Universos institucionales diversos en un mismo espacio de trabajo.

Estas situaciones se tornan más dificultosas aun cuando las mismas lógicas del capital son reproducidas por los sindicatos, como mencionan Perelman y Vargas (2013) en un reciente trabajo sobre la empresa Siderar: “Respecto de la adjudicación de tareas, la diferenciación genera condiciones propicias para que los propios (trabajadores del núcleo) usufructúen en su beneficio la vulnerabilidad de sus compañeros contratados. Amparándose en el estatus diferencial que les brinda su carácter de trabajadores de Siderar, suelen descargar las tareas más pesadas, peligrosas e insalubres en los de las compañías (tercerizados). Esta situación es posible por la anuencia del sindicato. Aún cuando todos los trabajadores están igualmente sindicalizados y representados por la Unión Obrera Metalúrgica, la calidad de la representación reproduce las diferencias introducidas por el capital en el estatus laboral. Mientras los propios cuentan con el apoyo de los delegados para no realizar trabajos riesgosos, los de las compañías aseguran que no pueden invocar un trato igualitario”. (Perelman y Vargas, 2013).A modo de cierre
El crecimiento económico de la última década, que impactó positivamente en la mayoría de los indicadores socioeconómicos, no consiste en una vuelta al pasado en términos de la composición tanto de la estructura económica como de las formas del trabajo, ni de su expresión colectiva. Las tramas productivas se han ido complejizando y heterogeneizando en un proceso que Durand (2011) denominó como de centrifugación, en donde se expulsan hacia las periferias de los núcleos productivos, actividades, y trabajadores.

Los procesos de tercerización funcionan en muchos sentidos como eufemismos de la precarización, la vulnerabilidad y la desreponsabilización del capital hacia el trabajo, en términos de las obligaciones que, como producto de la lucha de clases y para subsistencia del propio capitalismo, fue estableciendo el Estado a modo de regulación de la relación salarial a lo largo de décadas. Esa pretensión de deslaborización encuentra eco en el edificio jurídico que se levanta sobre las relaciones de producción en muchos países desarrollados, donde el Estado valida legalmente ciertas figuras desprotectivas de lo que históricamente fue el derecho del trabajo, tanto individual como colectivo.

En nuestro país, los últimos años estuvieron signados por un camino de recuperación (y en algunos casos de avance) de regulaciones protectivas del empleo, pero en un mercado de trabajo mucho más heterogéneo y complejo, con un duro cerco mayor del 30% de trabajadores en empleos no formales. La tercerización habilita las más diversas estrategias del capital para eludir obligaciones laborales y para empoderarse en relación al potencial organizativo y defensivo del trabajo.

Un capitalismo altamente concentrado y extranjerizado; una cultura del trabajo precario, que como muchos estudios muestran, forma parte sustancial del modo en que los jóvenes inician sus trayectorias laborales; y en donde está incluida la deslegitimidad de la acción sindical (producto de ataques ajenos y autoinfligidos por el comportamiento de ciertas estructuras gremiales) conforman un desafío para la construcción de actores colectivos que permitan alterar de modo sustancial las relaciones de fuerza vigentes.

Es en este contexto que las organizaciones sindicales deben repensar estrategias tendientes a incorporar y salvaguardar a ese tercio de trabajadores que, en los márgenes de la formalidad legal (aunque no siempre económica) se encuentran sometidos a condiciones de trabajo sumamente precarias. No es un camino inexplorado, muchas organizaciones sindicales (viejas, nuevas y renovadas) vienen transitándolo.Encuesta Industrial , Instituto Nacional de Estadística y Censos , Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones , Encuesta de Indicadores Laborales , Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social .
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina
En los extremos, la cadena podría incluir al cartonero que separa la basura en la calle y a una multinacional que produce productos de plástico.
Piénsese por ejemplo en la tercerización de parte de las tareas dentro de los departamentos contables de las grandes firmas y los procesos de outsourcing en general.
Otras argumentaciones se desarrollaron oponiéndose a las anteriores y defendiendo la estabilidad laboral, pero siempre en el marco de las perspectivas de la competitividad económica de las empresas. Ver Perelman, (2001)
Según Marshall y Groisman (2005), en la Argentina las tasas de sindicalización sobre el total de asalariados fue de un 49% en 1990, y de un 42% en 2001; Trajtemberg, Senén González y Medwin (2008), estimaron la tasa de afiliación para el año 2005 en un 37% y en un 39,7% en 2006. Respecto del porcentaje de cobertura en convenios colectivos, otras estimaciones recientes referentes al año 2009 para el Gran Buenos Aires mencionan tal cobertura para aproximadamente un 45% de trabajadores asalariados (Persia, 2011). El dato del 50% referido a la cobertura sindical fue expresado por el investigador Sebastián Etchemendy en el simposio “El modelo sindical en debate” realizado en el IDES por ASET, el 28 de abril de 2011.
Módulo de relaciones laborales del EIL realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el año 2005. Para el año 2010, la nueva encuesta aún en proceso de análisis arroja un incremento del 2% alcanzando un 14%, según lo expresara David Trajtemberg en el simposio del IDES del 28 de abril de 2011.

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