La violencia contra los cuerpos femeninos ha devenido un tema de relevancia mediática y social en toda América Latina. Los #8M y #25N, se vuelven cada vez más multitudinarios y contundentes en sus reclamos. Esta puesta del cuerpo en la calle y los espacios públicos nos invita también a una indagación analítica sobre los contextos, agentes, conceptos, contenidos y propuestas que sustentan nuestras luchas.
En esta reflexión examinamos y situamos una de las visiones más preponderantes dentro de la academia y ámbitos de intervención feministas argentinos sobre la violencia contra las mujeres, la cual se basa en la idea esencialista de una mujer víctima y un varón victimario. Esta visión propone un modelo dicotómico sobre la violencia, donde se generan estereotipos unívocos de masculinidad, un varón cis heterosexual esencialmente victimario, y de feminidad, una mujer cis heterosexual esencialmente víctima con escasa capacidad de resistencia. Estas lecturas si bien reconocen la existencia de valores culturales que permiten que la violencia exista, no ponen el foco de atención en el papel de la comunidad, y sus valores, como un agente central que avala, de manera consensuada, que la violencia exista. Es decir, estos feminismos trabajan la violencia haciendo hincapié en que la misma es un problema entre dos, más que problema de la comunidad, y proponen protocolos de intervención y medidas punitivas –expulsión o suspensión– como formas de resolución que no calan profundamente en los valores sociales, más allá del miedo que pueda generar en los varones el hecho de ser encarcelados o expulsados de sus espacios laborales y educativos. Sin desconocer que las mujeres son quienes más padecen violencia y que son los varones mayormente sus perpetradores, en este artículo entendemos que existe una hegemonía, de dominadorxs y dominadxs, que avala que la violencia se perpetúe. Retomando la lectura gramsciana sobre la hegemonía debe existir una unidad de fuerzas sociales y políticas diferentes que se mantienen unidas a través de una concepción del mundo difundida .
Autoras que analizan críticamente a esta concepción esencialista de la violencia y que ponen el foco de análisis sobre la violencia contra las mujeres en contextos material e históricamente situados son investigadoras feministas provenientes de las ciencias sociales, de distintas latitudes, como Jules Falquet, Raquel Osborne Verdugo, Luciana Ramos Lira e Irma Saucedo González y Verónica Schild. A partir de la lectura de estas investigadoras, provenientes de las ciencias sociales, analizamos críticamente los protocolos de intervención que son la herramienta central que los feminismos hegemónicos pregonan como modos centrales en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Examinamos, en pos de problematizar al punitivismo dentro del feminismo hegemónico, a un espacio activista contra la violencia de género que propone nuevos modelos de intervención y de conceptualización de la violencia: la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín. La elección de este caso se basa en que una de las autoras de este artículo ha sido parte de este espacio por más de dos años. Fruto de los intercambios intelectuales con la otra autora entendemos que este espacio está basado en la propuesta de justicia restaurativa de tipo institucional, que desarrollaremos en el último apartado.
Estructuramos la presentación en tres puntos que nos permitan desarrollar estos objetivos. Primeramente, describimos la noción hegemónica de violencia de género, basada en el ideario de un varón victimario y una mujer víctima. Seguidamente, examinamos, desde una visión crítica, a los protocolos de intervención como instrumentos que burocratizan y parecen ser “mágicamente”, a nivel institucional y organizacional, la solución adecuada contra la violencia machista. Por último, analizamos el caso de la Red Universitaria de Género en Argentina (RUGE), en específico el caso de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que discute con perspectivas punitivistas y apuesta a un modelo pedagógico y restaurativo de trabajo contra la violencia.
¿De qué habla el feminismo hegemónico cuando habla de violencia de género?
Existen una multiplicidad de feminismos, de todos los colores y tendencias políticas. Podríamos resumir este espíritu diverso en la idea de que hoy es una marea con olas de las más distintas formas. Pero el trasfondo político con el cual los feminismos latinoamericanos negocian, pujan y tensionan es con los estados neoliberales (también de variadas tendencias). Explica Schild (2016) sobre el feminismo chileno y latinoamericano, en consonancia con Nancy Fraser, que el neoliberalismo modificó drásticamente consignas desde las cuales operaba el feminismo de la segunda ola, a saber, autonomía e igualdad fueron redefinidas mediante un discurso liberal de derechos individuales, a partir del cual las mujeres cis deben ser hacedoras de su propio bienestar y recae sobre ellas, bajo un ideario self made, sacar adelante sus proyectos personales y familiares. Podríamos aseverar que, bajo la trampa de la noción de agencia, la cual es poderosa siempre que se la piense en red y en relación con otras dimensiones como el color de piel, la etnia, la edad y la clase social, se responsabiliza a las mujeres cis –y a las identidades que no se adecúan a la masculinidad hegemónica– de ser quienes deban llevar a cabo sus aspiraciones. Desde una perspectiva individualizante el feminismo hegemónico –principalmente cis, blanco, heterosexual, burocratizado y de sectores medios y altos– se posiciona como lo que Schild denomina un feminismo de lo posible donde el Estado, como garante de derechos en términos redistribucionistas y de clase, se corre a un lado.
En los capitalismos neoliberales prevalece una oenegización de los feminismos latinoamericanos. Las feministas hegemónicas – mayormente cis, blancas, de sectores medios y altos– pasan a ser parte de la burocracia de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que son, en la actualidad, los máximos organismos interlocutores entre el Estado y las/os ciudadanos, en la implementación de derechos focalizados y no universales. Se hegemoniza así una perspectiva de género por sobre una feminista interseccional y territorial.
Jules Falquet (2011) en Por las buenas o por las malas: las mujeres en la globalización, examina en una línea similar a la de Schild, la relación entre los feminismos hegemónicos y la globalización neoliberal. La nueva economía impuesta, paulatinamente, desde hace treinta años desmanteló el pacto social-democráta del Welfare State, tanto en aquellos países donde existía como en aquellos donde era un horizonte de lucha. Esta característica implicó, a diferencia de lo que a aparece desde un discurso pinkwashing un endurecimiento de las relaciones sociales de sexo y un agravamiento de la situación material de la mayoría de las mujeres en el mundo. Para quienes carecen de recursos económicos, que es la mayor parte de la población, se promueve el viejo modelo patriarcal: hombres en armas y “mujeres de servicios”. En la imposición de este proyecto, los organismos internacionales de financiación tuvieron un papel central de tutelaje y de centralización de recursos. Las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explica Falquet, pasaron a ser referente global para los diversos gobiernos en pos de adecuarse a la agenda de géneros y sexualidades. Asimismo, la oenegización hegemónica en el feminismo global, apunta a las políticas de microcrédito que, bajo la égida del “empoderamiento”, refuerzan la responsabilización y el empobrecimiento de las mujeres que analiza Schild.
Este feminismo hegemónico, globalizante, de sectores medios y altos, cis, heteronormado, blanco, liberal y burocratizado se interesa especialmente por la problemática de la violencia de género. Desde nuestra perspectiva, la noción de violencia de género trasciende la violencia ejercida sólo contra las mujeres e incluye a todos aquellos cuerpos que no se adecuan a la masculinidad hegemónica (Connell, 1995). La misma existe en tanto hay subordinación de otros grupos, que pueden ser las mujeres en su multiplicidad, pero también los hombres no heterosexuales, ciertos heterosexuales que no cumplen con los estereotipos esperados de masculinidad, o varones de color. No obstante, distintas autoras, como por ejemplo María Luisa Femenías junto con Paula Rossi (2009), y Susana Velázquez (2006) homologan la violencia de género con la violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres cis y las identidades trans y no binaries es un hecho que aumenta en América Latina año tras año. Los análisis e implementación de políticas públicas por parte de estas feministas se anclan en una visión lineal y punitiva de la violencia contra las mujeres, la cual es categorizada como violencia de género, basada en modelos universales –que desconocen la especificidad material y simbólica de su contexto– y establecidas en conferencias internacionales.
La perspectiva analítica de las argentinas María Luisa Femenías y Soza Rossi (2009) y Susana Velázquez (2006), con gran potencia política, enmarcan la visión de la violencia contra las mujeres que poseen aquellos feminismos que ponen el foco en la dualidad víctima/victimario. Estas perspectivas feministas abonan a desentrañar el carácter cultural de la violencia contra las mujeres cis, en detrimento de visiones más psicologistas, pero no se adentran en indagar en las violencias generizadas que sufren otras identidades que no se adecúan a la masculinidad hegemónica, como por ejemplo personas trans y no binaries. Por otro lado, tampoco examinan las dinámicas de la violencia y del erotismo heteronormado que son el sustento de la violencia y que permiten la existencia de prácticas violentas entre parejas no heterosexuales. Con esto no se pretende justificar la violencia contra las mujeres, sino desencializar y poner el foco de atención en los regímenes de género hegemónicos (Connell, 1995) a partir de los cuales las distintas personas, más allá de su género y orientación sexual, se adecúan a la masculinidad hegemónica. Retomando la lectura gramsciana de la hegemonía, para que la misma exista debe haber un consenso, una capacidad de unificar y mantener unido a través de una ideología un bloque social que no es homogéneo y que tiene profundas contradicciones entre sí (Albarez Gómez, 2016). En tanto es hegemónico, explica Connell (1995), el ejercicio de la opresión y la violencia exceden a la genitalidad y a las sexualidades de las personas, son medios de dominación que han sido internalizados por quienes viven bajo los patrones de la masculinidad hegemónica. A partir de esta premisa se puede interpretar que la violencia, aunque afirme los valores de la masculinidad, no es una propiedad unívocamente de los varones, tal como analiza la socióloga feminista Raquel Osborne (2008). Según Connell, “el género es una práctica social que constantemente refiere a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen, pero no es una práctica social reducida al cuerpo” (1995, p. 6). La autora teoriza sobre los regímenes de género, los que entiende como las formas en que se organizan las relaciones de género en una institución dada; cada institución a su vez puede tener su propio régimen de género y éstos pueden interactuar entre sí.
Falquet (2017), en sus análisis de la violencia contra las mujeres en Guatemala y México, pone el foco en aquellas agresiones que se ejercen en ámbitos privados, desde una dimensión estructural. Para la autora, la violencia contra las mujeres es una institución social central para la organización de las relaciones sociales de sexo imperante, en la cual los hombres son socializados para ejercerla y las mujeres para soportar. Asimismo, en su análisis del servicio militar en Turquía la autora desencializa la idea de que la violencia sea naturalmente masculina. La violencia no es inherente a los seres humanos, sino que es aprendida y enseñada a ciertos grupos sociales a quienes toda o parte de la sociedad le atribuye el privilegio de su uso legítimo. Esto permite pensar que por ejemplo en Israel haya mujeres que son jefas militares, que detentan para sí el monopolio de la violencia. Siguiendo a Falquet, “la violencia es un instrumento para inculcar establecer jerarquías” (2017, p. 82) y su deseabilidad.
Ramos Lira y Saucedo González (2010), para el caso mexicano, también desnaturalizan la violencia como atributo de la masculinidad. Para ellas la masculinidad es heterogénea y no todos los varones pueden detentar para sí el poder del ejercicio de la violencia. Explicitan Ramos y Saucedo que la visión hegemónica de los feminismos considera que todos los varones están investidos de poder y de violencia y todas las mujeres desprovistas de éstos, lo cual abona a una mirada excluyente, binaria y esencialista, que supone una correlación entre los discursos normativos y la subjetividad de las personas. Las ciencias sociales desde análisis feministas que contraponen esta mirada, muestran las limitantes de estos enfoques. Filomena Gregori (1993) estudió el caso de SOS-Mulher en San Pablo, Brasil, una organización dedicada proveerles a las mujeres víctimas de violencia contención emocional, consejerías legales y acompañamiento en las denuncias. La autora analiza, desde un abordaje interaccionista e integral, cómo en los abordajes donde prima una lectura punitiva de la violencia contra las mujeres, entendidas estas últimas como víctimas, invisibilizan, por un lado, que en esas discusiones las parejas intentan entrar en un estado de fusión, comunicación erótica; y, por el otro, las diferentes motivaciones que existen, dentro de las cuales Gregori (1993) enumera: la búsqueda de la soberanía, disposiciones conflictivas de papeles cuyos desempeños esperados no son cumplidos, disposiciones psicológicas, tales como esperar de la pareja ciertas conductas, provocaciones de las mujeres del orden del inconsciente para que sus parejas masculinas reaccionen de una determinada manera, y juegos eróticos.
Por su parte, Ivana Otero (2009) analizó dos instituciones del Área Metropolitana de Buenos, Argentina, que trabajan la violencia contra las mujeres: una Asociación Civil y una Comisaria de la Mujer y de la Familia de la Provincia de Buenos Aires. La autora señala, por un lado, que si bien la violencia contra las mujeres pasó a ser redefinidio de un drama personal a un problema social, no existen regulaciones claras y uniformes como así tampoco recursos económicos para hacer frente a la temática de manera integral. Esto abona a perspectivas individualizantes de la violencia, que se observan en los casos que analiza. Específicamente, en el caso de la asociación civil esto se observa de manera más clara. Otero explica cómo el abordaje de la violencia dentro de una lógica de víctima victimario, lleva a que se deposite en la víctima la salida a su propia situación de violencia, a partir de que se focaliza la intervención en aumentar la autoestima de la persona. El aumentar la autoestima se lleva a cabo a partir de cánones establecidos y estandarizados de lo que se presupone tener mayor asertividad y empoderamiento. Esto conlleva, según su propia observación, a quien posea el saber-poder experto sea la coordinadora del espacio y a que se desoyan otras maneras de experimentar/sentir la violencia. Otero considera que esto puede llevar a una revictimización, culpabilización o exigencia hacia las participantes, ya que se deposita en ellas la responsabilidad de alcanzar ciertas aptitudes y estrategias para poder salir de situaciones de violencia de género.
Por último, Otero considera que en estos tipos de abordaje donde se pone el foco en la víctima y el victimario de la violencia se resta importancia a la desnaturalización de los estereotipos de género y a la reactivación de lazos sociales –de amistad, escucha y apoyo– dentro y fuera del espacio de institución.
Más allá de los protocolos de intervención
A continuación, indagamos en alternativas de intervención más allá de los protocolos, muchos de los cuales poseen una fuerte impronta punitivista, que el feminismo hegemónico y actual promueve como modo de resolución y abordaje de conflictos.
Los protocolos se volvieron centrales en diversas instituciones universitarias de Argentina, las feministas institucionalizadas comenzaron a crear esta herramienta en el marco de un avance de la marea verde y de visibilización de situaciones de violencia machista. Sin embargo, esta normativa posee diversos inconvenientes para actuar frente a la complejidad de la violencia. Sobre esta cuestión, en este apartado, aludimos a la experiencia de una de nosotras como militante y académica de un espacio de género y diversidad dentro de la Universidad de San Martín. Esta institución se encuentra ubicada dentro del primer cordón del conurbano bonaerense, muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires, cuya población estudiantil es principalmente de sectores medios y bajos. Este espacio consta de dos Consejerías: una en violencia y otra en sexualidades, y posee dos áreas: una de investigación y otra de transversalización y extensión. Aunque a simple vista parezca organizado, el trabajo es principalmente una labor activista y de lucha contra varios frentes, entre ellos contra la precarización y el desguace de la educación pública. Este espacio nació en el 2015 a la luz de un doble feminicidio, de una estudiante y su madre. Ante el vacío total de normativas y propuestas para contrarrestar la violencia dentro de la universidad se creó una Consejería sobre violencia con sociólogas y psicoanalistas feministas, a la vez que se generó un protocolo de intervención. El protocolo es para la Dirección de Género y Diversidad Sexual una herramienta más dentro de muchas otras, pedagógicas, deliberativas, recreativas y artísticas (pre encuentros locales de mujeres, trans y no binaries, festivales, charlas, ferias). Asimismo, a partir del trabajo militante sus miembros están comenzando a llevar a cabo el horizonte de transversalizar la temática de género y sexualidades en todos los claustros y en las carreras de la universidad, a la vez que se aprobó en Consejo Superior un código de convivencia con perspectiva de género. A nivel económico, aunque la universidad es pública y gratuita, existen políticas y becas para que todas/os puedan estudiar.
Entendemos que lo que propone este espacio, con sus aciertos y errores, son medidas no punitivas para poder intervenir en la complejidad de la violencia que excede los análisis lineales que promueven la idea de que existe inherentemente un varón perpetrador y una mujer víctima. Su propuesta de intervención está basada en los idearios comunitarios de la teoría democrática y republicana (Gargarella, 2016) del diálogo, la deliberación con quien perpetró violencia, quien la padeció y distintos actores de la comunidad universitaria, y en la separación de la directa relación entre reproche y pena. Más que reciprocar, desde una visión liberal del derecho, se busca reparar lo que sucedió sin excluir ni despedir a nadie. Entendemos que un proyecto educativo público y popular donde alguien se queda sin estudiar, es un proyecto que fracasó.
Un ejemplo de intervención dialógica de la Universidad contra situaciones de violencia más sutiles, por ejemplo comentarios sexistas, entre estudiantes es sentarse a hablar sobre lo acontencido con los perpetradores. Las autoridades de la universidad y compañeras feministas tienen una charla con la persona acusada donde se lo escucha, se le explica los efectos de su acción y se estimula su reflexión. Observamos que desde la Dirección de Género y Diversidad Sexual consideran, al contrario de un proceso de aplicación masiva del protocolo, que estos diálogos sirven para desactivar posibles situaciones de violencia desde un marco no punitivo.
Son constantes las consultas y denuncias por comentarios sexistas, acoso o stalkeo a través de redes sociales que reciben diariamente. Muchas veces antes de responder “no”, en una institución que en términos generales respalda el deseo de las mujeres, las jóvenes prefieren acercarse al espacio de la Consejería a denunciar. Si bien entendemos los enojos y los temores que experimentan las jóvenes, nos preguntamos ¿cómo potenciar su agencia más allá de la denuncia? La existencia de los protocolos conlleva, tal como indicamos, al hecho de que las estudiantes esperan que una normativa resuelva guiones culturales de sociabilidad erótica más complejos. A esto se le suma que son menos las denuncias a docentes y autoridades que a estudiantes, tanto por el miedo que les genera a ellas denunciar a alguien con poder dentro de la universidad, como por el fuerte respaldo institucional que poseen dichos varones. La Universidad logró que fuera cesanteado solo un docente con alto poder y capital social, en términos de Bourdieu (1997), dentro de la academia argentina por distintas situaciones de violencia contra las mujeres. Para poder actuar contra él no sólo fueron suficientes las denuncias en su contra, sino que las trabajadoras tuvieron que hacer un arduo trabajo de investigación militante buscando aliadas/os dentro y fuera de la institución. Esta batalla no fue sencilla, dado que cuando el feminismo apunta contra las masculinidades hegemónicas y poderosas tanto varones como mujeres con cierto poder se abroquelan y protegen sus intereses políticos.
Otra gran limitante de los protocolos es que busca estandarizar un fenómeno tan complejo como es la violencia, esto abona, a un marco donde, en términos de Raquel Osborne (2008), ve a las mujeres como sujetos vulnerables per se, y a los varones como violentos naturalmente y ávidos sexualmente. A la vez, que se cree que un documento ¿por arte de magia? y como un trámite burocrático más puede resolver dinámicas sociales más profundas en relación con la violencia y el erotismo.
Por último, en este punto queremos hacer mención de cómo el escrache entre feministas está minando la posibilidad de modelos basados en la justicia democrática. El escrache virtual como herramienta autogestiva para “impartir justicia” es una herramienta accesible e inmediata, diferente a los plazos medianos y largos que conllevan un modelo dialógico y deliberativo de justicia, basado en tres pilares: a) escuchar las necesidades de quien denuncia, hacer las derivaciones terapéuticas correspondientes y brindarle condiciones para que sienta seguridad y protección, b) escuchar la palabra de quien agredió y brindarle herramientas de reparación subjetiva, como por ejemplo derivarlo a grupos de varones que ejercieron violencia, c) articular con la comunidad universitaria para generar respuestas para quien fue violentada/o, darle seguimiento a quien violentó y poder pensar entre todxs proyectos pedagógicos de largo alcance en pos de pensar/intervenir en lo complejo y dinámico de la violencia.
¿Es otro horizonte posible?
La Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín nace -y continúa siendo- como un modelo de intervención y reflexión por fuera de marcos punitivistas y de justicia restaurativa, además de erigirse como un lugar de activismo feminista donde se entrecruzan estrategias autónomas con otras institucionales en pos de trabajar por un modelo de comunidad universitario de respeto y no violencia.
Desde el análisis de Ted Wachtel (2013), la justicia restaurativa dentro de un diseño institucional consiste en desarrollar una comunidad y manejar el conflicto y las tensiones a partir de reparar el daño y forjar relaciones. Para tal fin, genera disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativos con la finalidad de reducir la violencia en distintos ámbitos de la vida social, mejorar el modo de vinculación social, fortalecer a la sociedad civil, restaurar relaciones y reparar daños. Este prototipo apuesta al apoyo (animar, motivar, enseñar) de quien transgrede, pero también al restablecimiento de las pautas sociales a través de la puesta de límites y disciplina en quien ofendió. Es decir, este tipo de justicia entiende que quien perpetra un daño es responsable de sus actos.
En el modelo de justicia restaurativa, propuesto por Wachtel (2013) y Zehr (2007), tres actores son fundamentales para examinar el daño: quién padeció, quién perpetró la ofensa y la comunidad donde tiene lugar la ofensa. Se presta atención a cuáles son las necesidades y qué efectos tuvo en cada uno de ellos. A la luz de este modelo, la Dirección de Género y Diversidad, a través de múltiples actividades y lineamientos institucionales con perspectiva feminista, crea marcos deliberativos y de toma de conciencia sobre la violencia contra las mujeres cis, identidades trans, travestis, transexuales y no binaries.
La Consejería de violencia es un espacio donde las personas de la comunidad universitaria se acercan y piden información ante cualquier hecho de violencia y discriminación que hayan vivido, allí se las escucha y se les da opciones de intervención, pero también se les pregunta cómo esperan que la universidad intervengan. Mientras que se investiga el caso se generan tres estrategias en simultáneo:
a) A la víctima se le brindan distintas herramientas inmediatas como asistencia psicoanalítica gratuita y se trabaja articuladamente con cada facultad para que quien denunció se sienta segura por ejemplo, se arma un esquema para que las partes involucradas cursen materias en distintos horarios.
b) A la persona denunciada se la llama, se escucha su versión de los hechos y se la invita a una reflexión más profunda sobre lo acontecido. Una máxima autoridad y una compañera feminista le explican la seriedad del hecho y el malestar que le causó a la persona vulnerada. En casos constatados de violencia contra las mujeres de tipo física, la comunidad universitaria si bien escucha y atiende las necesidades del varón que ejerció violencia, se lo suspende por un período, se arma un esquema de cursada de manera remota y se le indica que vaya a un grupo de varones que ejercieron violencia, de manera gratuita a través de una articulación que hace la propia universidad con el municipio de San Martín.
c) En relación con las masculinidades, este espacio se propone no patologizar la violencia que puedan ejercer varones cis. Entendemos que ésta se enmarca dentro de contextos más amplios. Desde paradigmas no esencialistas sobre la violencia sabemos, a través de investigaciones cualitativas y cuantitativas generadas por la propia institución, que existen hechos de discriminación y escenas de celos y control por parte de mujeres cis. Asimismo, el espacio recibe denuncias de mujeres que padecen violencia psicológica y física por parte de sus parejas mujeres. Como investigadoras compredemos que la violencia entre mujeres tiene especificidades no homologables a la violencia ejercida por varones cis, no obstante, escuchamos a ambas partes y generamos espacios seguros, tal como llevamos a cabo cuando se denuncia a un varón.
d) En relación con la comunidad, cuando existe un daño se escuchan a otras personas que estuvieron involucradas directamente o indirectamente en el hecho, por ejemplo, si la escena transcurrió dentro de una clase estamos a atentos/as a cómo se sintieron los/as docentes y estudiantes. Se articula con ellas como así también con autoridades. Se generan prácticas restaurativas indirectas de tipo de pedagógicas para generar una sensibilidad feminista en toda la comunidad: actividades y encuentros con los centros de estudiantes de la universidad sobre temas vinculados a la sexualidad y al feminismo, se brindan charlas, actividades artísticas como bordados feministas, radio abierta, publicaciones, ferias, entre otras.
Desde la Dirección de Género se estimulan y crean grupos de masculinidades organizados en conjunto con hombres del colectivo de Varones antipatriarcales en pos de que cualquier varón que sea parte de la comunidad universitaria tenga un espacio de reflexión y deconstrucción sobre su masculinidad. Por otra parte, la Dirección de Género y Diversidad Sexual considera que la política de intervención feminista tiene un papel central en la comunidad. Como feministas disputan políticamente en órganos máximos de la Universidad para que se logre el dictado de materias, seminarios y posgrados sobre la temática, con un fuerte anclaje territorial. Pero no sólo les interesa instalar el feminismo curricularmente, sino que también discuten desde marcos no clasistas, pujan por la apertura de guarderías para que las estudiantes puedan estudiar y por becas en comida y transporte para todas/os las/os estudiantes que lo requieran. Esto se logra a través de articulaciones estratégicas con otros actores, muchos de ellos varones.
Un último punto que consideramos que es una práctica de justicia restaurativa indirecta con impacto en la comunidad es la implementación de la Ley Micaela. Esta ley también llamada Ley de Capacitación Obligatoria en Género implica la capacitación, de manera obligatoria, para todas las personas, de todos los niveles, que integran los tres poderes del Estado argentino en capacitaciones sobre temática de género y violencia contra las mujeres. Esta ley nace a la luz de la violación y el asesinato de Micaela García, militante feminista de Ni una Menos y del Movimiento Evita, en la provincia de Entre Ríos, a la salida de una discoteca. Su paradero fue buscado por siete días, en abril del 2017. Por este hecho fue condenado a cadena perpetúa Sebastián Wagner que ya tenía antecedentes por ataques sexuales.
La madre y el padre de Micaela no se conformaron con la condena a este feminicida, sino que junto con bloques de centroizquierda y de izquierda impulsaron una ley que apelará a la sensibilización y concientización sobre la violencia de género. Si bien esta ley no se propone un modelo restaurativo con el ofensor, la propuesta de la familia interpela a la comunidad y apunta a un cambio cultural respecto a la violencia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue pionero en adecuarse a esta ley, por lo que se propone que toda las personas que estudian y trabajan en universidades argentinas –desde ingresantes, personal no docente hasta rectoras/es– deban ser capacitadas. Si bien esto es un logro simbólico, es fundamental la lucha de las feministas en las universidades y en los ámbitos estatales para que las capacitaciones sean profundas y se cumplan. En esta apuesta se encuentra la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín.
Forjar, luchar y (re)pensar
Los feminismos se presentan hoy como un agente central en el cuestionamiento del consenso que conforma la masculinidad hegemónica y sus actos de violencia. Podríamos aseverar, desde una perspectiva gramsciana, que los feminismos, desde sus acciones directas e indirectas, están poniendo en crisis a este modelo hegemónico, hay “una crisis de autoridad” y del status quo patriarcal. Pero, tal como analizamos en este trabajo, se generan también dentro del movimiento feminista reivindicaciones y grupos que se tornan más hegemónicos que otros y conforman un sentido común de cómo entender a la violencia, quiénes pueden ser víctimas y quiénes no.
La tarea feminista no es sencilla, tal como mostramos en este trabajo las alianzas políticas tienen un papel fundamental para lograr marcos no punitivos, que contrarresten al neoliberalismo que atraviesa nuestras vidas.
Por último, creemos que como feministas que militamos contra la violencia de género aprendemos a vivir en una dualidad constante: de responder a la demanda inmediata, pero sin perder de vista que no debemos ser funcionales al liberalismo y al punitivismo; y que aunque el dolor de otras mujeres o identidades trans y no binaries nos interpele, no podemos esencializar y ser irreflexivas sobre las complejidades del fenómeno de la violencia. En ese habitar incómodo nos forjamos, luchamos y (re)pensamos.
*Esta investigación fue realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.