Luego de asistir al 8M, Belén, una estudiante de la Universidad Nacional de San Martín e integrante de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la universidad, desarrolla los conflictos en torno al tema que convocó a todxs: la despenalización del aborto.El 8M suele ser una fecha masiva, que crece cada año. Mujeres, lesbianas, bisexuales, travas y trans pararon las calles del microcentro de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades del país. El jueves pasado, el ritmo de actividades, la cantidad de demandas y la multitud presente no dieron respiro. Tampoco el calor, pero del bueno: muchxs jóvenes con pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito como nunca antes en estas movilizaciones. Los medidores del streaming calculan que éramos 700 mil manifestantes. El doble o más que la convocatoria del 21F.El Paro de Mujeres fue resultado de una marea nacional e internacional. De un calor que nos fuerza a seguir. Porque el 8M no es sólo un día de lucha. En miles de redes y organizaciones feministas, son semanas y meses. Es todo el año.Mi semana constó en atender consultas que llegan a la consejería, realizar seguimientos, escribir informes, planificar actividades y proyectos, y dejar la consejería lista, con los stocks de planillas, métodos de cuidado, test de embarazo y folletería. De manera de recibir a estudiantes, no docentes y docentes para el inicio de clases.Ese lunes nos convocó una feminista histórica, Cecilia (“la Checha”) Merchán, diputada del Parlasur, de la campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Llamó a las organizaciones sociales que trabajan con consejerías en distintos espacios de la región, junto a otros espacios militantes feministas, para escucharnxs, compartir experiencias y repensar estrategias colectivas.El reclamo por el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo es histórico. Las mujeres organizadas rusas fueron pioneras en legalizar el aborto. También, los movimientos feministas internacionales de la segunda ola, fogoneados por la revolución sexual de los ’70. El aborto legal, seguro y – en muchos casos- gratuito no es noticia en el mundo. El Norte está pintado de verde y año a año se van pintando muchos más países.En Argentina, el tratamiento del proyecto de ley no fue algo espontáneo. En el 2004, en uno de los Encuentros Nacionales de Mujeres se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Entre profesionales de distintas disciplinas, estudiantes, movimientos sociales y políticos, organismos de derechos humanos, y activistas reconocidxs, la propuesta fue clara: el aborto no puede seguir en la clandestinidad.Ya en el 2003 se había sancionado la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Entre sus objetivos se encontraba la disminución de la morbimortalidad materno-infantil, y para ello, se desplegaron herramientas de capacitación. Como el Protocolo de actuación para los abortos no punibles que establece nuestra constitución, y el consentimiento informado en torno a las mismas, entre otras.En Buenos Aires, la tarea fue encabezada por el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, y el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, que entre muchas acciones se propuso capacitar a las instituciones de salud con el propósito de comenzar a realizar abortos, farmacológicos u hospitalarios. Si bien el acatamiento no fue unánime, los números en baja de mortalidad materna por aborto arrojaron buenos resultados.
Desde ya, el trabajo que venían llevando a cabo con anterioridad las organizaciones sociales, incentivando el uso de misoprostol por la autonomía que brinda a mujeres- que con justa razón temían acercarse a los espacios de salud-, fue retomado por las instituciones. La línea de “Aborto: más información, menos riesgos” de Lesbianas y Feministas fue una herramienta fundamental para comenzar a brindar información a las personas gestantes que deseaban interrumpir el embarazo. Para que lo hagan de forma segura. Precursora, además, de la acción de otros espacios como las Socorristas en Red y las consejerías barriales de diversas organizaciones feministas -partidarias o civiles-.Paralelo al trabajo parlamentario de la Campaña, diputadas del Congreso crearon en el 2007 el Parlamento de Mujeres a partir del cual se comenzó a discutir el aborto, la trata, la violencia de género y los femicidios, entre otros temas.Los proyectos no sólo buscan disminuir la muerte de las mujeres (mayormente pobres) por el aborto clandestino, sino que también, buscan disminuir el miedo. Como decía nuestra tan querida compañera Verónica Marzano, si bien no hay muchas mujeres encarceladas por aborto la penalidad misma tiene una “función extorsionadora”. La clandestinidad también implica angustias y temores.El mapa de complejidades que aparecen es bien conocido por quienes trabajamos en las consejerías: las personas gestantes tienen miedo de acercarse a los centros de salud, la angustia es más que notoria, las preocupaciones económicas son claras, ya que a la proyección de la imposibilidad de sostener a otro miembro familiar se suma la de la pérdida de trabajo. Sumado al temor de los profesionales de la salud de realizar abortos o escribir recetas (incluso los médicos más militantes). Lo que llevó a forjar estrategias como crear líneas propias para que las integrantes del espacio no atiendan con sus teléfonos y la asesoría quede individualizada.Además de la responsabilidad estatal y social frente a estos temas, se plantea la responsabilidad que acarrean las universidades. Una estudiante perteneciente a una organización estudiantil de medicina, advertía sobre la falta de perspectiva de género en los contenidos de las aulas, y la violencia institucional vivida por las mujeres gestantes.
La experiencia de consejería en la universidad lidia con esos temores y complicaciones. Aunque en nuestro municipio los miedos de los profesionales de salud disminuyeron en el nivel de atención primaria por el trabajo que realizó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Municipio de San Martín -apoyado por el Programa Provincial. Algo similar sucedió en distintos espacios del AMBA, gracias al trabajo del Programa Nacional y el Provincial, pero también, gracias a espacios no estatales como las redes de Profesionales por el Derecho a Decidir.Nuestra consejería funciona como un dispositivo inclusivo. En cuatro años hemos detectado los obstáculos que encuentran las estudiantes jóvenes para continuar sus estudios por las situaciones de discriminación y violencia de género que viven en las aulas.En el caso de quedar embarazadas no hay un sistema que contemple que puedan continuar sus estudios. No tenemos un jardín maternal, no existen becas específicas para estas situaciones, y el sistema universitario está en deuda con las mujeres estudiantes en cuanto a licencias de embarazo u otros dispositivos que garanticen su derecho al estudio.Las mujeres gestantes se encuentran con distintas dificultades: vínculos de violencia en las parejas, terror de tener que abandonar sus estudios, y -la variable que siempre pesa y siempre aparece- la falta de recursos económicos. Generalmente agradecen que exista un espacio como el nuestro, cercano, vivido y apropiado en lo cotidiano.Quienes se acercan a la consejería en su mayoría son estudiantes y la razón suele ser por embarazo no deseado. Acercarse a una consejería en la universidad aparece como una alternativa a pedir ayuda en los hospitales, a las familias, e incluso, a los amigos. Agradecen que se brinde información y, sobre todo, que el trato sea libre de juicios, respetuoso, y en un ámbito que les es familiar y de fácil acceso (en términos físicos y sociales). De esta forma se sortea el miedo y la vergüenza que trae a veces ser señaladxs como: “la que no se cuidó”, “la irresponsable”. Estas características hacen de la consejería un espacio clave para que las estudiantes puedan continuar sus estudios, respetando el derecho a decidir de las mujeres.El rol de las consejerías sirve también para pensar la salud como algo que excede las instituciones hospitalarias. Es el caso del uso del misoprostol. En el encuentro del lunes, cada oradora enfatizaba que en el nuevo proyecto se aprueben los complementarios junto a su producción y distribución pública y gratuita. El misoprostol brinda autonomía. Su utilización sacó la centralidad de los médicos en la práctica del aborto, quienes muchas veces juzgaban y criminalizaban a las mujeres. Con la pastilla, las mujeres pueden autogestionar la interrupción legal del embarazo, en el lugar que ellas deseen y rodeadas de las personas que decidan como acompañantes del proceso.Sin embargo, conseguir el misoprostol en la farmacia es cada vez más difícil. Desde 2016 se percibió un aumento del 400% y el mercado viene adoptando lógicas clandestinas, inflando sin coherencia los precios o vendiendo blísteres cortados a precios irrisorios. Sabiendo que quien aborta no puede denunciarlos por miedo a ser penadx.A esto se suman los recortes que el gobierno realizó al presupuesto de salud pública, y las trabas y restricciones que propone en políticas públicas como el plan CUS –que restringe los servicios de salud a relaciones de costo/beneficio- y el proyecto de ley presentado por Petri sobre la atención a inmigrantes.Inquieta saber qué pasaría si se legaliza el aborto en este contexto neoliberal. Si se profundizaría o no la desigualdad a la hora de abortar. Esta situación genera muchas discusiones.Entre los feminismos los consensos absolutos no existen y tampoco aportan. Pero sí hay algo que en la actualidad une a todas las voces: el aborto debe ser legal, seguro y gratuito, si es que queremos garantizar a nuestras mujeres, lesbianas, bisexuales y trans gestantes una vida digna, humana y libre.
Menu