Foto: Miguel Rodríguez

La reforma del Código Contravencional de la Ciudad propone ampliar las sanciones contra la actividad artística en el espacio público: desde multas de 2.000 pesos, secuestro de instrumentos, hasta el arresto por cinco días. Durante las tres primeras semanas de Julio, colectivos de artistas callejeros se movilizaronMúsicos Organizados, Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), Sindicato Argentino de Músicos (SAdeM), Movimiento de espacios culturales y artísticos (MECA), Cámara de clubes de música en vivo (CLUMVI), Circo Abierto, Cirqueras organizadas, EDP, Actores en movimiento (AeM), Trabajadores de la cultura ambulante (T.C.A), Hablemos de violencia sin carpa, Circo Fuaa!, Payasos con memoria y Unión de Artistas Independientes (U.D.A.I). hacia la Legislatura Porteña. En la presente nota una aproximación a la disputa por la intervención al espacio público y la definición de ruido molesto.Lejos del arquetipo del artista encerrado en la intimidad de su habitación, a la espera de que un altruista mecenas rescate su talento del secretismo y lo financie hasta la opinión pública, las calles se han convertido desde hace años en uno de los primeros escenarios donde dar a conocer una obra: plazas, peatonales, semáforos, rotondas, trenes y subtes son diariamente algunos de los territorios de intervención.La acordeonista Milagros Blanco trabaja en el ramal de trenes Urquiza y reflexiona: “al espacio público lo debemos habitar todos, y de la mejor manera, que es lo que puede hacer un artista. De la manera más productiva que puede, apropiándose de ese espacio, haciendo su arte, comunicando, actuando, cantando. Es una relación de intercambio”.En el marco de la regulación del arte callejero, la iniciativa de ley 1664-J-18, propone modificar el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para agravar la penalización sobre “ruidos molestos” en la vía pública, incluyendo, potencialmente, a los artistas que interpretan música en la calle. La propuesta es impulsada por el bloque oficialista Vamos Juntos (PRO, CC-ARI y sectores aliados) y actualmente se encuentra en tratamiento en comisiones, pese a las reiteradas manifestaciones en rechazo de los colectivos artísticos y de sectores partidarios disidentes.Conforme al artículo 82 del Código, la acción de la Policía sobre quienes efectúen ruidos molestos es “dependiente de instancia privada”, por lo que un ciudadano debe denunciar con su nombre y apellido un hecho particular para que las fuerzas de seguridad puedan proceder. En esta instancia, las sanciones son de entre uno a cinco días de “trabajo de utilidad pública” y multas que ascienden de los 200 a los 1.000 pesos.El proyecto entrante, avalado por el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, suma un agravante por medio de la figura de “ruidos molestos provenientes de la vía pública”. A partir de esta modificación no menor, “la acción se establece como pública, sin que dependa de instancia privada”, lo que equivale a que la denuncia con nombre y apellido deja de ser una condición excluyente para el accionar policial. Este último inciso es el que daría licencia a las fuerzas de control de la Ciudad para impedir o interrumpir por oficio cualquier obra artística que consideren ruidos molestos, sin necesidad de una denuncia legítima que la sustente.El Artículo Décimo del texto de la iniciativa 1664-J-18 contempla que para “quien perturbara el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos con origen en la vía pública la sanción será de dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, multa de cuatrocientos ($400) a dos mil ($ 2000) pesos o arresto de uno (1) a cinco (5) días”.La avanzada sobre los artistas callejeros no es una decisión sin precedentes, sino una política establecida desde hace más de diez años por las distintas gestiones de la Ciudad. Puntualmente, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados denuncia que la práctica coactiva se ejecuta con mayor severidad desde 2014: “Si bien venimos denunciando desde hace trece años los ataques contra el arte callejero, la actividad más grande comienza cuando la policía metropolitana pasa a formar parte de la seguridad de los subterráneos. En menos de tres meses, se sucedieron sobre nuestros colegas un montón de situaciones, desde correrlos de los lugares y labrarles actas contravencionales hasta quitarles los instrumentos”.Ni bien obtuvo carácter mediático el proyecto, las asociaciones de artistas del país salieron a tomar distancia, enfatizando en que el espacio público es un territorio legítimamente ganado por músicos, titiriteros, murgas, clowns, poetas, elencos circenses, estatuas vivientes, para desarrollar sus disciplinas. Entre ellos, Gogui Tabárez, saxofonista de la banda Merienda Amelie, cuenta que durante los meses que tocó en vagones del ramal Urquiza y en distintas esquinas de la Ciudad la relación con el entorno “fue siempre de mutuo respeto”, pero considera que “si bien el arte no es delito” hay diferencias entre los espacios de intervención: “En la calle la gente puede quedarse a escuchar o no; en cambio, en el tren el sonido se impone y hay de todo: muchos te aplauden, algunos te ponen plata en la gorra y el resto te ignora y poco les importa lo que tocás”.El impulso de la bancada oficialista (Vamos Juntos detenta la mayoría en el recinto, con 34 legisladores) se embandera detrás de la presunta regularización de actividades informales en la calle y en la defensa del espacio público como propiedad colectiva, no pasible para fines lucrativos. Detrás, se esconden las Cámaras de Comercios porteñas que insisten en su cruzada contra los manteros y feriantes distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que cada semana se cristaliza en lamentables imágenes que muestran a agentes de la Policía Metropolitana decomisando parches y artesanías como si se tratara de una requisa de narcóticos. En el núcleo de este propósito, el PRO disimula otra de sus más confesos anhelos: poner un freno al trabajo de los cuidacoches. Pese a reiterados intentos y proyectos de ley vertidos durante las últimas dos gestiones, nunca alcanzó el virtual acompañamiento político para suprimir definitivamente la práctica de las calles.Por debajo del segundo fundamento del proyecto se desvela un propósito que vincula a otra de las principales fuerzas de presión del mapa metropolitano: los empresarios de la nocturnidad. La flamante legislación también contempla multas de hasta 10.000 pesos y clausuras por diez días para los establecimientos que den lugar a recitales, un añejado objetivo de los sectores coordinadores de bares, pubs y boliches, que advierten en los músicos callejeros y en los centros culturales “sin la acústica idónea” competidores ilegítimos para los espectáculos a puertas cerradas y el corte de entradas.¿Qué es el ruido? El carácter epistemológico de la pregunta la reduce a un sinfín de tentativas que, para ser justos, deberían interpretarse desde decenas de perspectivas. El ruido molesto, que es el que nos compete en este caso, entraña una construcción subjetivada que varía a medida de la percepción, dando tantos resultados como niveles de tolerancia y apasionamiento pueden tener los integrantes de una misma sociedad.El riesgo potencial que abriga la reforma al Código Contravencional radica justamente en la difusa ontología del ruido molesto, a la que no otorga definiciones específicas ni pautas, muchos menos una escala de rigurosidad, sino que la circunscribe a un llamado telefónico anónimo homologable a una denuncia por perturbar la tranquilidad pública o directamente al procedimiento por oficio de las fuerzas de vigilancia. Los ostensibles grises del texto que da forma a la reforma del artículo en cuestión se traducen, naturalmente, en la inédita multiplicación de operativos policiales circunstancialmente amparados en ese vacío formal.En ese sentido, Milagro Blanco sostiene que el proyecto de reforma entraña “una censura al trabajador del arte porque lo único que logra es controlar qué se escuchará en la calle y qué no. Toma a la música como un ruido molesto, pero para nosotros, para los que la vivimos, es una herramienta de trabajo digna y maravillosa”.  A la par, Gogui Tabárez considera que la iniciativa pone en riesgo la libre expresión “y que es una forma de atentar contra una fuente de trabajo legitima de miles de artistas”.El proyecto de reforma concibe al ruido molesto como un medio coercitivo, apenas un prólogo para la consiguiente intervención policial. Su propósito es adaptar un margen normativo para la convivencia a un mensaje político, al delgado filo de una  ideología que emplea un término viciado de vaciedad como una carga de doctrina destinada al escarmiento.

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