Esta es la historia de Franco y Mauricio, de Joaquín que vive, y de un barrio que a partir de una tragedia se reúne y organiza. Esta historia se inscribe entre muchas otras en una realidad que no vemos o no queremos ver: la de nuestros pibes, que en contexto de pobreza, pierden sus vidas por la represión y el gatillo fácil.14:26 hs., jueves 3 de Febrero del 2011: descarrila un tren con autopartes y alimentos. Los vecinos se acercan curiosos. Los policías reprimen. Reemplazan balas de goma por balas de plomo. Dos vidas jóvenes que se apagan. Un fusilado que vive.La violencia institucional y la exclusión social son moneda corriente en La Carcova, en San Martín, a la orilla del Río Reconquista y a la vera del Camino del Buen Ayre. Alrededor de 20 mil vecinos rodean el CEAMSE. En el barrio sobra la basura pero faltan las cloacas, el gas, el agua potable y el techo digno. Al CEAMSE llegan por día 14000 toneladas de residuos. Se descargan desechos domiciliarios, residuos industriales y productos que aún no vencieron o solo tienen alguna falla en el empaquetado. Los quemeros, aquellos que vivían de revolver los desechos del basural para encontrar algo para sobrevivir, iniciaban la trayectoria hacia el predio alrededor de las 16 hs, el trayecto era largo y el basural abría solo de 17 a 18 hs.Esa tarde de Febrero, tres amigos se encontraban en bicicleta, que les permitía llegar más rápido en la carrera diaria hacia los desechos, para esperar e ir a hacer su trabajo. Ahí fue cuando escucharon descarrilar el tren y vieron a los vecinos acercarse. Mientras los vecinos trataban de abrir el tren y por la advertencia de la empresa TBA, llegaron tres móviles de la Bonaerense pertenecientes a la seccional 4º de San Martin. Tiraron balas de goma para dispersar a los vecinos por todas partes. Los perdigones de las itakas golpearon los cuerpos de los más chicos. Entre llantos y furia, los vecinos comenzaron a tirar piedras desde el barrio. Hasta que llegaron refuerzos de las comisarías 2º, 8º y 9º de San Martín, y de la policía Bonaerense 2 (PB2).“Sin embargo, sus caras, sus ropas, su barrio, sus trabajos como quemeros y su edad fueron suficientes datos para que desde los medios de comunicación e incluso por parte del Estado se los presentara de manera discriminatoria y criminalizante”Franco, Mauricio y Joaquín se escondieron debajo de un montículo de chatarra ubicado a un metro del puente de chapa que da al barrio, en la intersección de Italia y la orilla del río Reconquista. Los policías arrojaron gases lacrimógenos. Obligados a salir, corrieron quedando al descubierto. Mauricio, “El Pela” Ramos, de 17 años, había dejado la escuela en séptimo grado para acompañar a su familia a la quema y hacer changas. Sus panzas crujían y su ayuda era significativa para la economía familiar. Franco, el “gordo” Almirón, de 16 años, estaba en el primer año de la secundaria cuando 7 balazos lo acribillaron por la espalda: pulmón izquierdo, pulmón derecho, cadera, bíceps, antebrazo, mano derecha y cabeza. Ambos asesinados por el oficial de policía motorizada Gustavo Rey.Joaquín es el fusilado que vive, igual que aquel que cuenta Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”. Ese día estaba en la casa de su novia Karen, quien estaba embarazada. Recibió disparos en el pecho, la espalda y el tórax por parte del agente Gustavo Vega. Cuando se despertó en el hospital, dos gendarmes que lo custodiaban lo hostigaron. Joaquín tenía 19 años en 2011. Su compañera perdió su embarazo a los 7 meses de la gestación. Joaquín lleva en su cuerpo las marcas de los disparos y las quemaduras de un pasado de indignidad: a los 13 años, luego de un cortocircuito, se despertó en su casa rodeado de fuego. En el 2012, los gendarmes lo llevaron 8 horas detenido para la averiguación de antecedentes a un galpón del Mitre. Junto a otros tres chicos, fueron esposados alrededor de un árbol, les sacaron las zapatillas y les taparon la cara con una campera. Hoy, Joaquín tiene dos hijos y ya no vive de la quema.Esa noche del 3 de Febrero del 2011 los vecinos tomaron la comisaría para exigir respuestas luego de enterarse del fallecimiento de Franco y Mauricio. Al otro día, se realizó la primera movilización, hecho que sigue sucediendo cada 3 de Febrero hasta el día de hoy. El funeral de los chicos fue conmovedor: 300 vecinos se acercaron a dejar sus condolencias y solidarizarse ante un nuevo caso de violencia institucional.“El gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad funciona como disciplinamiento para los pobres, como aceptación y resignación.”Sin embargo, sus caras, sus ropas, su barrio, sus trabajos como quemeros y su edad fueron suficientes datos para que desde los medios de comunicación e incluso por parte del Estado se los presentara de manera discriminatoria y criminalizante: cuando se rescindió la concesión a TBA por medio del decreto 793/2012, refiriéndose a los hechos del 3/02/2011, el Ejecutivo Nacional argumentó que ese día: “ocurrió el descarrilamiento de un tren de carga en la localidad de José León Suarez por actos delictivos, en inmediaciones de la Villa La Carcova, donde se produjeron incidentes fatales muriendo dos adolescentes dentro de las formaciones cuando los delincuentes abordaron al maquinista luego de detener la formación con fines de robo”. En Mayo de 2013, luego de que la Cámara de apelaciones de San Martín confirmara que el descarrilamiento no había sido provocado por los vecinos para su robo, sino por el mal estado de las vías, y que no había habido una situación de legítima defensa -además de los reiterados pedidos del CELS-, el Estado tuvo que rectificarse.En el 2014, el tribunal compuesto por Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro decidió darle 7 años de prisión a Vega, sin aplicar ningún agravante a su tentativa de homicidio. Rey fue absuelto por el “beneficio de la duda”. La querella apeló el fallo y la Cámara de Casación dispuso que se fijara una audiencia para aplicar los agravantes correspondientes a Vega por su condición de funcionario público, y que se realice un nuevo juicio para despejar las responsabilidades de Rey. Las familias siguen esperando que la Justicia accione.Los policías que asesinaron a Franco y a Mauricio, así como los jueces que actuaron de manera impune durante el juicio, no necesitaron sumarse a las discusiones sobre la baja de edad de imputabilidad: los quisieron condenar por ser pibes, quemeros y pobres. En el imaginario colectivo circula un discurso punitivista fomentado por ciertos medios de comunicación y políticos. Acusan a los pibes de ser los culpables de lo ocurrido. ¿Culpables de qué? ¿De ser “negros”? ¿De encontrarse excluidos? ¿De no contar con una vivienda digna, con cloacas, agua potable, y una educación y salud de calidad?“así como esa misma noche del 2011 tomaron la comisaría luego de lo sucedido, lo siguieron haciendo durante el juicio, y hoy lo hacen a la espera de un nuevo juicio que revise las condenas a los policías.”Los testimonios en muchos barrios del Conurbano, en torno a la policía y a los pibes, relatan lo mismo: la policía usa a los pibes para desarmar autos o darles armas para robar. En los barrios populares, la muerte es una posibilidad cercana. Sobre todo en coyunturas donde la exclusión social y el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres crece. El gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad funciona como disciplinamiento para los pobres, como aceptación y resignación. Hoy, el Estado no garantiza programas ni instituciones que puedan dar respuestas efectivas a los jóvenes en situación de calle o de vulnerabilidad. Son abandonados a la buena suerte, a hacerse cargo como puedan de su destino. A esto, se suma nuestra indiferencia. Miramos hacia un costado ante las situaciones de vulnerabilidad, pero miramos fijo y certero a la hora de acusar a los menores como culpables de la delincuencia. Luego del asesinato de Franco y Mauricio, los vecinos de La Carcova se fueron organizando. La Avenida Central fue asfaltada y el barrio experimentó mejoras en las fachadas, con casillas de madera, chapa e incluso de materiales como cemento y ladrillos. Pero sobre todo, el barrio aprendió del dolor por las múltiples violencias que padecieron y que aún hoy padecen. A partir de la Masacre, se organizaron, construyeron una identidad y exigen justicia: así como esa misma noche del 2011 tomaron la comisaría luego de lo sucedido, lo siguieron haciendo durante el juicio, y hoy lo hacen a la espera de un nuevo juicio que revise las condenas a los policías. Porque su búsqueda es de memoria, verdad y justicia, para que no haya Ni un pibe Ni una piba menos.Ortega, Martín (2017) Carcova. Historias marcadas por la violencia institucional Ediciones la Caracola. Buenos Aires.

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